Estados Unidos mantiene una posición compleja y en evolución respecto al mercado de criptoactivos en el contexto de Venezuela, influenciada principalmente por las sanciones económicas.
1. Sanciones y Restricciones:
El gobierno de EE.UU. ha impuesto sanciones financieras muy estrictas contra el gobierno de Nicolás Maduro, prohibiendo a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con él y con entidades específicas. Esto incluye, en principio, cualquier transacción en criptomonedas que involucre a esas partes sancionadas. El objetivo es limitar la capacidad del gobierno venezolano para acceder al sistema financiero internacional y obtener ingresos.
2. Petro y Evasión de Sanciones:
Cuando Venezuela lanzó el petro (una criptomoneda estatal respaldada por reservas de petróleo y minerales), Estados Unidos reaccionó con escepticismo y alertas. La administración Trump emitió una orden ejecutiva específica prohibiendo a los ciudadanos y residentes estadounidenses cualquier transacción con el petro, considerándolo un intento de eludir las sanciones. Esta postura se ha mantenido.
3. Uso por la Población Civil (Remesas y Ahorro):
Paralelamente, EE.UU. reconoce (aunque no promueve oficialmente) que los criptoactivos como Bitcoin o Dash son utilizados por una parte de la población venezolana para:
· Recibir remesas: De familiares en el exterior, evitando los controles cambiarios y bancarios.
· Proteger ahorros: Ante la hiperinflación y la devaluación del bolívar.
· Adquirir bienes básicos: Tanto a nivel local como en comercio internacional.
En este ámbito, el enfoque de los reguladores estadounidenses (como el Departamento del Tesoro y la SEC) se centra más en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aplicando las regulaciones KYC/AML a las casas de cambio (exchanges) que operan bajo su jurisdicción, sin importar la nacionalidad del usuario final.
4. Posicionamiento Estratégico y Competencia:
Existe una dimensión geopolítica más amplia. EE.UU. observa con atención la creciente adopción de criptoactivos y las propuestas de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) a nivel global, incluyendo las exploraciones de China y Rusia. La adopción forzada o masiva en Venezuela (y en otros países bajo sanciones como Rusia o Irán) sirve como un "caso de prueba" real de cómo las criptomonedas pueden ser usadas para eludir la hegemonía del dólar y el sistema financiero liderado por EE.UU. Esto preocupa a los estrategas en Washington.
Posición Actual (Resumen):
· Prohibición absoluta para sus ciudadanos y empresas de interactuar con criptomonedas estatales venezolanas (Petro) y con entidades sancionadas.
· Tolerancia cautelosa y regulada hacia el uso de criptoactivos descentralizados por ciudadanos venezolanos comunes para fines personales, siempre que pase por plataformas que cumplan con las regulaciones estadounidenses.
· Vigilancia extrema para evitar que el gobierno de Maduro utilice este mercado para evadir sanciones.
· Preocupación estratégica por el potencial de las criptomonedas para desafiar la efectividad de las sanciones financieras como herramienta de política exterior.
En conclusión, EE.UU. se posiciona como un regulador restrictivo y vigilante en el aspecto que toca sus intereses de política exterior (evasión de sanciones), pero como un facilitador regulatorio neutral (no promotor) en el aspecto del uso humanitario y personal por parte de individuos. El mercado cripto se ve, desde la perspectiva de Washington, tanto como un riesgo (para la efectividad de sus sanciones) como un campo de batalla tecnológico en la competencia geopolítica global.



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